Los hosteleros, la Ley Antitabaco y la ignorancia

El sábado, mi marido, los peque y yo decidimos hacer una visita al bar de Nacho... como muchos otros bares de la zona en este último año, ha decidido cerrar el negocio. La imposibilidad de poner una terraza debido al poco espacio en la acera y el sucesivo goteo de clientes emigrando a otros establecimientos cercanos con, no diré mejor, sino diferente ubicación, han minado su confianza y su cuenta corriente.

Los porcentajes y estadísticas que dan los medios sobre este tema son como las opiniones, cada uno tiene una e incluso algunos dos. Sea la cifra final que sea, lo que está claro es que los hosteleros están siendo los grandes perjudicados de esta crisis, porque a los problemas financieros que atraviesa España hay que sumarle los desembolsos realizados por las sucesivas leyes antitabaco y la reducción de clientes.

El Gobierno dijo que la normativa antifumadores no influiría en la economía hostelera puesto que ya se había implantado en otros países europeos sin consecuencias significativas, pero claro, a veces hay que ir un poco más allá, porque como ya he comentado con anterioridad, la peor forma de enfrentarse a una política materno-filiar-prohibitiva es la ignorancia:

• Los medios favorecen el desconocimiento: puedes leer desde que algunos de los países más restrictivos han tenido que echar marcha atrás en sus leyes debido a las pérdidas, a que en esos mismos la ley no ha supuesto cambios significativos para los hosteleros.
• Nos olvidamos muchas veces de incluir nuestra cultura como un factor determinante a la hora de analizar las consecuencias. Sol, calle y ocio nocturno hasta altas horas de la madrugada nos diferencia de nuestros vecinos en Europa.
• Ley antitabaco 2006 y Ley antitabaco 2011: habilitar zonas para fumadores en establecimientos de más de 100 metros cuadrados con su propio sistema de ventilación (3.000 euros), licencias y tasas por tener una terraza (500 euros), calefactores exteriores (200 euros la unidad), multas porque un cliente incumpla la ley (de 30 a 100.000 euros), seguir afirmando que la ley no ha supuesto pérdida de empleo, gastos, bajada de la clientela o cierres, no tiene precio.